Amnistía Internacional condena los persistentes intentos del gobierno peruano de expulsar al hermano laico católico Paul McAuley.

Durante los últimos diez años, Paul McAuley ha trabajado sin descanso con los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, defendiendo sus derechos y trabajando para proteger su entorno contra las actividades de explotación de petróleo, gas y minera que amenazan el equilibrio ecológico en la región y el bienestar de sus habitantes.

A pesar del hecho de que una corte peruana ha otorgado una petición de habeas corpus a los abogados de Paul McAuley para detener su expulsión de Perú, el gobierno ha apelado la decisión, prolongando de manera injustificada la incertidumbre sobre su situación migratoria en Perú, la cual ha sido legal durante más de 20 años.

A Amnistía Internacional le preocupa profundamente que el gobierno peruano parece determinado a utilizar como blanco a un defensor de derechos humanos y a ignorar los derechos de los pueblos indígenas que por años se han encontrado entre los sectores más abandonados y marginados de la sociedad.

La expulsión de Paul McAuley socavaría aún más la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. La situación de su posible exclusión se produce en el contexto de la resistencia mostrada por el gobierno y el partido político en el poder a promulgar una Ley de Consulta, inicialmente aprobada por el Congreso en mayo y que garantizaría el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre cualquier medida legislativa o administrativa que les afecte, lo cual está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT.

El 5 de julio, Amnistía Internacional envió una carta al ministro del Interior peruano expresando su preocupación por que el intento del gobierno de expulsar a Paul McAuley envía un mensaje negativo sobre el derecho a defender los derechos humanos en Perú, establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional reitera su convicción de que Paul McAuley, quien fue nombrado Miembro del Imperio Británico por sus servicios a la educación peruana, defiende legítimamente los derechos humanos e insta al gobierno peruano a abandonar cualquier intento de expulsarlo, permitiéndole continuar con su labor legítima en favor de los pueblos indígenas del Amazonas.